Prótesis PIP: El responsable legal es el fabricante, no el cirujano

Prótesis PIP: El responsable legal es el fabricante, no el cirujano
El cirujano sería responsable del escándalo PIP si conociera en el momento de su implantación la problemática de la prótesis. Foto de www.eluniversal.com
Carolina Márquez
Carolina Márquez
Editora y redactora de profesión. Desde hace más de 5 años creo contenido informativo médico-científico, salud y estética.
Creación: 28 nov 2013 · Actualización: 24 may 2019

El pasado 30 de octubre, el Ministerio de Sanidad español actualizó el protocolo que debían seguir las afectadas por las Prótesis PIP. Tanto las asociaciones de afectadas, como los cirujanos y las propias autoridades buscan a quién culpar por este fraude. El abogado José Luis Bermúdez contesta para Multiestetica.com algunas preguntas en torno a la faceta legal del escándalo PIP.

"Las prótesis sería un problema de responsabilidad contractual con el médico y extracontractual con el fabricante, que respecto del daño ocasionado habría que ver si el conocimiento científico del momento conocía sus perjuicios", resume Bermúdez.

¿Tienen los cirujanos responsabilidades legales con las afectadas?

Debemos de tener en cuenta varios factores:

  • El año en que se hizo la intervención.
  • Si ya era público el problema de la prótesis y, por tanto, el cierre de Poly Implant Prothese.
  • Si el cirujano actuó de acuerdo a su saber profesional, es decir, realizando todas la series de actuaciones diligentes profesionales, de acuerdo con la lex artis, en la operación.
  • Y, en último lugar, si se dio a informar al paciente de los riesgos inherentes de la operación como de los riesgos menos previsibles.

Cuando falla alguno de estos factores, cuando ya era público y es público el problema de estos implantes, cuando no se da a conocer el problema de rotura de este tipo de implantes ni se realiza una intervención quirúrgica de forma adecuada...con cualquiera de estas situaciones, cabría emprender acciones legales contra los cirujanos.

La jurisprudencia, de esta forma, ha realizado condenas en España en 2013, cuando se había informado del riesgo de rotura (presente también en otros implantes). Pero, por el lado contrario, también se ha absuelto de responsabilidad civil cuando en 2008 se realizaron intervenciones, informándose de los riesgos y operando conforme a la lex artis.

¿Estaban los cirujanos obligados a notificar la extraña rapidez con la que se rompían las prótesis?

Cuando se desconocía ese riesgo mayor, ello no era excusa para mantener informado del riesgo habitual de rotura, pero esta nueva prótesis, con mayor riesgo, una vez que es conocida, ¿quién debe de informar de este riesgo?

Una vez que se conoce (o por indicios se conozca) que un determinado producto no es seguro para la salud, existe el deber de informar tanto a las autoridades pertinentes como a los usuarios, pudiendo tomarse la medidas pertinentes.

Por ejemplo: inspeccionar el producto, advertir al destinatario final, retirar el producto y prohibir su venta, etc. El cirujano entraría dentro de esta cadena como única persona que puede identificar sobre quién lleva un determinado implante y colaborar, por tanto, en este deber de información.

¿Se puede considerar delito o negligencia la laxa supervisión del Ministerio de Sanidad respecto a la calidad de estas prótesis?

Existen Directivas europeas y normativas españolas encargadas de regular la seguridad de los productos, para comprobar la seguridad de estos materiales.

¿Se han tomado las medidas suficientes para comprobar la seguridad de la prótesis? ¿Por qué en otros países se han tomado medidas distintas? ¿Quizás se deberían de ampliar los controles de los productos sanitarios?

Para considerar la ilicitud penal, habría que demostrar una mala fe acreditada y conocida, donde, por tanto, se estaría realizando una lesión evidente a la integridad física.

Pero ello no es evidente en cuanto estamos en la órbita de conocer si dicha prótesis que no causa, con el conocimiento actual, toxicidad alguna, y solo aumenta el riesgo de rotura respecto a un riesgo probable. El cumplimiento de las normas y el seguimiento del Ministerio si son conformes por las mismas estarían amparadas en la propia normativa, y por ello no cabría responsabilidad alguna salvo que se acredite la falta de actuaciones razonadas y justificadas.

¿De quién es la responsabilidad?

El principal problema que surge es: ¿Cuándo se producen esas prótesis? ¿Con el conocimiento actual de la ciencia y técnica se podía conocer el riesgo que tenían? Esto es algo que tiene que probar la empresa fabricante, no el perjudicado.

¿Es suficiente la mera obtención de la certificación de conformidad de los productos? Parece que en estos casos se obtuvo el certificado.

Entonces, ¿las medidas fueron laxas o se salto algún procedimiento? Todavía se está conociendo el asunto, aunque en Francia parece que la situación es distinta.

¿Habrá que esperar a que se produzca algún daño a pesar de saber que el producto sí presenta una inseguridad evidente? Si bien la jurisprudencia reconoce que no existe derecho de indemnización cuando no hay riesgo, con los meses se ha ido reconociendo la ''recomendación'' de extracción preventiva y, por tanto, el reconocimiento de la inseguridad del producto.

Para saber más: Prótesis PIP: un fraude sanitario

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